Por Víctor Octavio García

API vs Ferries

• Disputa por el botín
• ¿Y la Ley?

De no ser por el cochambre que brotó de las cañerías del sistema jamás nos hubiésemos enterado que la API, –Administración Portuaria Integral–, abdicó en su responsabilidad de cobrar a los usuarios el atraco y arribo de embarcaciones en la terminal marítima de Pichilingue (Acceso a la Terminal Portuaria – ATP) trasfiriendo la sigilosa e ilegal responsabilidad a Baja Ferries, empresa privada que ha hecho lo que le ha venido en gana con la transportación de carga en BCS.

El sorpresivo conflicto que implosionó entre API y Baja Ferries y que se da en medio de un interregno –donde no hay ley de por medio, ni fiscalización ni nada de nada que se parezca, que ajuste a la API al marco legal– va más allá de simples atribuciones ilegales y decisiones discrecionales, al plantearse justamente como un acto de avorasamiento o disputa por el botín; cobro irregular de tarifas por accesos de atraques y arribos que tampoco ingresaron a la API y que Baja Ferries retuvo valiéndose de decisiones políticas personales ilegales y discrecionalmente tomadas en el 2002 –durante el leonelato–, que los gobiernos sucesivos de Narciso Agúndez –incluyendo al actual– han honrado con asombrosa complicidad.

Lo que esconde tras bambalinas en el conflicto cochambroso entre API-Baja Ferries no son nada más cincuenta millones de pesos que alega API que le debe Baja Ferries por retenciones en el cobro de las tarifas por arribos y atraques en el muelle marítimo, sino algo mucho más dramático; la historia de un avorasamiento y detrás de ésta, la ausencia de un marco legal que permitan que la paraestatal recupere lo que retuvo Baja Ferries a lo largo de diez años –y que a decir de Administración Portuaria– jamás reintegro a la paraestatal. El dilema es, cómo podrán recuperar medio centenar de millones de pesos cuando la paraestatal, solo para efectos legales, no esta contemplada en el presupuesto del estado, ni en el plan de desarrollo, mucho menos fiscalizada por el Congreso del Estado; dicho en otras palabras, Baja Ferries pelea contra una paraestatal “patito” que no existe en el entramado legal del gobierno de BCS, salvo para cobrar tarifas al margen de la ley y de toda normatividad vigente.

Lo curioso es que han transcurrido más de diez años sin que nadie se diera cuenta que la API opera como una empresa “patito”, que su constitución –y actuación– es al margen de la ley, y quienes debieran aplicarse en el caso –diputados locales– prefieren leer estampitas alusivas en las Sesiones de Congreso en lugar de abocarse a crear un marco legal que transparente el manejo de la API, para que no se siga utilizando con la “caja chica” del gobernador en turno.

Usted se preguntará, por qué el Congreso del Estado no ha legislado para transparentar la actuación y opacidad en la que se mueve la API. La repuesta es sencilla; porque los diputados locales, –todos–, son o se comportan como empleados del gobernador, y ninguno querrá desmontar una rica veta –como la API– que significa un venero de recursos que abreva más de 500 millones de pesos al año que no pasan por fiscalización del Congreso, que no están incluidos en el presupuesto de Ingresos ni contemplados en el Plan Estatal de Desarrollo.

Luego entonces lo que ocurre con la API es tan grave como lo que está sucediendo en el Congreso del Estado. La incapacidad, la omisión y el incumplimiento del deber –deber jurídico, ni siquiera ético o moral– de los diputados locales permite que exista un estado dentro de otro estado, o más bien que haya ínsulas de poder no solo que operan a la luz del día con toda ilegalidad, que actúen con toda discrecionalidad, y lo más grave que cobren derechos que a juicio de muchos carecen de soporte jurídico, por lo que este aparato debiese de ser por lo menos motivo de investigación de las autoridades judiciales y hacendarias, a efecto de que clarifiquen su actividad y al mismo tiempo, como se presume, si hay delitos que castigar se les aplique todo el peso de la ley. No es posible que en estos tiempos una instancia que se jacta de ser un poderoso instrumento  para captar y distribuir recursos, que se cobija con el manto de un ente gubernamental, actúe en la penumbra, en la ilegalidad, y sobre todo siga aplicando recursos económicos a su antojo y corrompiendo al más rancio estilo.

Desde luego que las autoridades estatales y federales, las de aplicación de la justicia y las hacendarias tienen la palabra, pero con mayor razón, las nuevas autoridades federales deben tomar cartas en el asunto, para que se retorne a la legalidad y se acabe de una vez  por  todas con este tipo de prácticas.

Sería mucho pedirles a los diputados locales, en lo general, que se aboquen a una pronta investigación de estos hechos, que les permita actuar en remedio de esta situación. Es lamentable que más de 100 millones de pesos anuales del presupuesto del Congreso del Estado se sigan consumiendo en el pago de dietas, sueldos, compensaciones, gastos de representación y supuestos gastos sociales, la mayor parte va a dar a los bolsillos de los sufridos legisladores, sin más provecho que pasar lista de asistencia y levantar el dedo, cuando este y otros temas como la creación del Consejo de la Judicatura, la revisión de leyes como la del Transporte y  de Transparencia, entre otras, quedan igual, “viendo pasar el tiempo”, en perjuicio de la impartición y administración de justicia, el derecho a la información y el mejoramiento de actividades que siguen en el letargo tan solo porque a quienes les corresponde por ley perfeccionar nuestras leyes, les vale poco menos que un cacahuate honrar su responsabilidad y sus compromisos para con sus representados. ¿Chúpense esa?

Para cualquier comentario, duda o aclaración, diríjase a abcdario_@hotmail.com

SOBRE EL CABRESTO
En el marco de la Sesión del H. Consejo Consultivo Delegacional del IMSS en el Estado celebrada ayer, Luís Fiol Manríquez, Delegado Regional del IMSS en BCS, luego de reconocer su aportación a la institución hizo entrega de justo reconocimiento al Lic. Raúl Vilchis Hernández, tras once años de colaborar y participar prepositivamente como Consejero representando a la Confederación de Cámaras Nacionales Industriales (CONCAMIN) en el seno del IMSS en BCS……Salud.