Procu en entredicho

 

• Serie de omisiones ponen en duda actuación de Procuraduría de Justicia
• Funcionarios no consignaron a invasores detenidos en flagrancia
• Transgresores «bajo contrato» son cholos del predio «La Ballena»
• Fue perpetrada la mañana del jueves anterior

Cabo San Lucas, B.C.S.- Nuevamente se ha realizado la invasión de un predio debidamente resguardado en este puerto, para lo que se han utilizado pandilleros bajo contrato procedentes del predio «La Ballena» de San José del Cabo y que a pesar de que fueron detenidos en flagrancia, al rato fueron liberados por omisiones sospechosas de la Procuraduría de Justicia de Baja California Sur.

En ese sentido, Colectivo Pericú recogió los testimonios de los afectados por esta invasión el anterior jueves por la mañana, en un predio que se encuentra a la altura de las instalaciones de la Policía Municipal en la colonia Cangrejos de este puerto.

LOS HECHOS
Sobre este asunto, la apoderada legal de los perjudicados con esta acción, señora Ana Julieta Leggs Wilkes, manifestó que el jueves 20 de los corrientes, aproximadamente a las 11.00 de la mañana  le avisaron los vigilantes del predio el cual es custodiado por familiares, y el cual se encuentra debidamente cercado y con letreros de que se dice no pase propiedad privada, que había sido invadido por cerca de 50 cholos que ingresaron al predio en forma violenta y en forma coordinada, utilizando maquinaria para tumbar los cercos y metieron cuatro vehículos. Los cholos ingresaron en forma violenta y estos en forma grosera manifestaban que no se iban a salir porque traían instrucciones de invadir el predio.

En virtud de que no se salían y los ánimos estaban muy caldeados intervino seguridad pública municipal que detuvo dentro del predio a 11 once cholos encabezados por Raúl Salas Liévano (hermano del «jefe de seguridad» de César Uzcanga») por lo que se estima que son cholos del predio La Ballena, ya que es el modus vivendi de estas personas y se alquilan para invadir.

De estos hechos tomó conocimiento la Dirección de Seguridad Pública Municipal que mandó a las celdas preventivas a los once detenidos.

LAS OMISIONES EN LA PROCURADURÍA
Ana Julieta Leggs Wilkes agrega que posteriormente fueron a la Agencia del Ministerio Publico de delitos Patrimoniales, cuyo titular es el licenciado Jorge Omar Arvizu, quien en esos momentos, estaba ausente de su oficina «y posteriormente fuimos con el superior el licenciado Miguel Angel Cota Aguiar, y tampoco se encontraba en sus oficinas hasta que fuimos atendidos por el Licenciado Omar Quijano, quien en forma muy atenta, dio instrucciones a un Lic. Christian,  de Agencia de Delitos Patrimoniales, para que me tomara la denuncia y que girara instrucciones, para asegurar el predio».

En la agencia de delitos patrimoniales se le tomó la denuncia con la documentación para efectos de acreditar la reparación del daño, en virtud de que él delito cometido por los indiciados es un delito oficioso porque el despojo se  llevó a cabo con violencia y aparte de ser un delito grave, y  tomarles declaracion a los testigos que llevaba para acreditar que la propiedad se encontraba debidamente cercada y vigilada por familiares y que los 11 cholos detenidos formaban parte de un grupo de alrededor de 50 (ver fotos).

PRIMER «SORPRESA» EN LA PROCU DE SAN LUCAS
Al día siguiente la representante de la familia afectada se presentó en la Agencia de Delitos Patrimoniales, para dar cumplimiento a lo ordenado el dia anterior y para sorpresa de nosotros, «fuimos informados por el licenciado Jorge Omar Arvizu, Titular de la agencia de Delitos Patrimoniales, que los cholos detenidos, habían sido puestos en libertad el mismo dia que fueron detenidos, no obstante de ser un delito grave y detenidos en flagrancia por una autoridad y el delito ejecutado en forma violenta y ser oficioso».

Por esa razón el abogado representante de la familia revisó la averiguación previa A. P. 319/2011 «y para la sorpresa de nosotros a los 11 once cholos detenidos fueron declarados en calidad de TESTIGOS, no obstante que en el parte informativo fueron puestos a disposición del Ministerio Publico  en calidad de detenidos e INDICIADOS» (Whaaaaaat?).

Con estos actos y omisiones, se  incurre en responsabilidad penal la autoridad investigadora.

Con lo anterior queda de manifiesto la protección total de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de los Agentes del Ministerio Público citados, quienes siguen protegiendo los intereses de los invasores encabezados por Raul Salas Liévano, como ha venido sucediendo en estos últimos tiempos en el municipio de Los Cabos.

Prueba de ello es la averiguación citada, donde fueron turnados como indiciados y nunca en calidad de testigos.

Los Indiciados fueron detenidos en forma flagrante por una autoridad, dentro del predio, y aparte el despojo un delito grave, que contempla el Código Penal del Estado y el delito fue cometido en forma violenta y se persigue de oficio.

PREGUNTA AL PROCURADOR
Por todo lo anterior, la señora Ana Julieta Leggs Wilkes pregunta al Procurador de Justicia del estado Gamill Arreola Leal ¿qué es lo que está sucediendo en Los Cabos, en la institución que usted dignamente representa?… ya que los Agentes del Ministerio Público en la citada denuncia de despojo ¡¡no saben distinguir que es un testigo y un indiciado!!, ¿será porque son muy ineptos o muy corruptos?

Subraya que ante esta situación, ya no se sabe si protegerse de tanto invasor o de  los encargados de procurar justicia en nuestro municipio.

¿Por qué, tanto empeño en proteger los intereses de los delincuentes? ¿Dónde queda el dolo que se presume salvo prueba en contrario, señalado en el Código Penal del Estado?

Toda mi familia, nos sentimos impotentes ante estos actos y omisiones, cometidos por los invasores y los servidores públicos, que supuestamente representan los intereses de la sociedad.

Y EL MINISTERIO PÚBLICO SIGUIÓ DURMIENDO
Es tanta la lentitud y falta de capacitación del personal de la Procuraduría, continúa la afectada, que a la fecha, todavía el Ministerio Public, no giraba el oficio a la Dirección de Seguridad Públic, para que ponga a su disposición los vehículos que utilizaron los invasores y que son instrumentos del delito «y que todavía se encuentran dentro de nuestra propiedad y todavía tampoco se gira el oficio de investigación a la Policía Ministerial, en relación a la una maquinaria que  en forma inmediata se llevaron los ejecutores de la invasión del lugar de los hechos».

Para justificarse de sus actos y omisiones en que incurrió, agrega Leggs Wilkes, «nos informó el licenciado Jorge Omar Arvizu, como argumentos de su proceder, que todos los detenidos eran trabajadores y que se dedicaban a limpiar terrenos, y nosotros pensamos que le faltó agregar a sus argumentos que los detenidos prestan sus servicios como invasores profesionales graduados con el grado de Doctores Honoris Causa en el predio La Ballena, siendo el caso mas conocido en todo el Estado».

Y en cuanto su jefe superior, el licenciado Miguel Ángel Cota Aguiar, «él manifesto también a nuestros abogados que el informe de la Dirección de Seguridad y Tránsito había sido elaborado con los pies, esta es una actitud nada propia de un servidor público de su categoría, en virtud de que no debe de asumir una posición protectora y defensiva hacia sus inferiores, ya que cuando se comete un acto una omisión es un delito y él tiene la obligación de investigar tales hechos».

Con lo anterior señor procurador, ya no sabemos qué es más grave si la actitud de la Ex-Ministerio Público, Lic. Mirna Janeth Germán Mendoza, quien hizo la funcion de cobradora de adeudos o los actos y omisiones en que incurrieron estos servidores públicos por los hechos narrados con anterioridad.

MENSAJE A GAMILL ARREOLA
Por eso, la señora Ana Julieta Leggs Wilkes hace notar al Procurador Gamill Arreola que «no basta la sola actitud amable del licenciado Omar Quijano, quien gira instrucciones y sus inferiores no las acatan, prueba de ello, es la presente denuncia de despojo violento, oficioso, grave y los cholos fueron detenidos en flagrancia por una autoridad dentro del predio».

«También, es necesario señor procurador, que proceda en el presente caso, por los actos y omisiones cometidas por sus servidores públicos, señalando que son hechos que se persiguen de oficio y usted, es el representante de la sociedad y vela por los intereses de que se aplique la ley», concluyó la afectada.