• Grave acusación contra el gobernador, procurador y magistrados
• Señalan con dedo flamígero los candidatos independientes

En Baja California Sur, la procuración y administración de la justicia es letra muerta. Ante ello, los Candidatos no Registrados por los partidos políticos, Joel Antonio Estamates Arroyo para Gobernador, Héctor Martín Ojeda de la Rosa, para presidente municipal de La Paz y Gerardo Gurrola Santiago para presidente municipal de Comondú, se comprometen a terminar con esos privilegios que le dan impunidad a los funcionarios públicos, políticos y familiares y amigos de éstos.

Lo anterior se desprende por diversos actos de impunidad y connivencia de los políticos, y el hartazgo social de la población de BCS en su conjunto, como se detallan a continuación: Recién se presentó denuncia penal en contra de actos cometidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, y por su asesor jurídico, pero el subprocurador de investigaciones especiales, Rafael Homero Arvizu Alvarado escondió la inconformidad en sus cajones que llenos deben estar de casos iguales.

El quejoso se vio en la necesidad de solicitar la protección de la justicia federal, que obligó al corrupto funcionario público a dar respuesta a la sentencia de amparo 1037/2010 por advertirse diversos delitos del orden común y abuso de autoridad. Una vez que Arvizu Alvarado, mismo sujeto que recibe dinero para dejar libres a reos peligrosos y beneficiar a gavillas de ladrones, el quejoso interpuso escrito de inconformidad porque no cumplió con las exigencias contenidas en la solicitud de amparo: “el responsable no fundamenta ni motiva su actuar al no procurar justicia”

Debido al vacío que existe entre las defensorias del pueblo, la del estado y la pública — las cuales hacen mucho alarde en los medios de comunicación de que sí prestan atención y asesoría a cualquiera que lo solicite— el quejoso se atrevió a manifestar que no la una ni la otra le proporcionó el servicio de asesoría, con esto, el secretario del juzgado segundo de Distrito imprimió, en su lista de acuerdos, sandeces que violentan el derecho al trato humano donde demuestra su inclinación a favor de las autoridades de la procuraduría de justicia: por ello se pronuncian los candidatos Independientes para acabar con ese tipo de complicidades entre iguales. Con anterioridad, otro secretario del mismo juzgado federal sobreseyó la solicitud de amparo por, asentó el corrupto funcionario. “No percibirse con claridad el sello de recibido por la procuraduría del estado”

Otra muestra de privilegios entre los mafiosos del Poder Judicial es el que se inició con un escrito dirigido al gobernador del estado, Narciso Agúndez Montaño, quien al no dar respuesta al mismo violentó el articulo 8avo Constitucional; por este hecho, el peticionario logró la protección de la justicia federal quien dio un plazo de 24 horas para que respondiera, pues la sentencia había causado ejecutoria el día 15 de octubre de 2010, legalmente computadas; apercibido que de no hacerlo se actuaría en términos del artículo 105 de la Ley de Amparo.

El perverso secretario del juzgado segundo de distrito, que conoce el expediente 888/2010 dejó transcurrir el tiempo hasta que la jefa de cultura del estado presentó un escrito dirigido al amparado, diferente al que motivó la protección de la justicia federal, incluso la llamó, dándole legitimidad oficiosa, DIRECTORA GENERAL DE GOBIERNO.

Como se advierte, entre unos y otros, funcionarios estatales y federales, existe connivencia en contrario a lo que establecen los numerales constitucionales — que de nada sirvió el esfuerzo y pérdidas de vidas que sufrieron los revolucionarios de 1910, mismos que dieron origen a la Constitución de 1917— y que los partidos políticos han destruido con sus reformas.

Otro asunto, en el que se ve lastimado el mismo ciudadano, es el que originaron Luis Armando Díaz, a través de Oscar Ariel Castro, César Uscanga Amador y Narciso Agúndez Montaño, al utilizar sus Derechos de Autor para beneficio político, dañando moralmente al quejoso.

Dice la denuncia penal LPZ/857/TUR1/2010, que los políticos en mención son culpables de diversos delitos federales, penales y civiles, sin embargo el Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos escondió en los cajones de la complicidad que, otra vez, un amparo obligará a iniciar las indagatorias del caso. La denuncia se presentó el 31 de agosto de 2010, y hasta el 3 de diciembre de los mismos, seguía escondida en las oscuras oficinas del leguleyo que cobra como defensor de los agraviados y que acusa al procurador como el principal defensor de los delincuentes de cuello blanco.

Karim Martínez Lizárraga, procurador que dice el AMPFC Especializado en delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, fue beneficiado con una Notaría Pública, pues desde  El 2 de diciembre de 2003, la familia Cota Montaño compró a través de Antonio Córdoba Naveran, (inversionista de Narciso Agúndez y Luis Armando Díaz) el inmueble que ocupó California Connection (antes Ropa Intima) ubicada en Abasolo y Sonora, bajo el nombre de T&A Associates S.A. de C.V. Como Delegado Especial verificaron la compra Marco Antonio Cota León; Adriana González Díaz como Comisarios; Karím Martínez Lizárraga, Juan Carlos Salazar Velásquez, Julio Arnaut Castro (asesor de un senador) y Felipe Camacho Gaxiola como apoderados legales.

La Cónsul Rosa Curto Pérez, se enteró que en la sociedad aparecen como dueños Mark Cywinski de nacionalidad australiana pero de origen polaco y Antonio Córdoba Naveran, mexicano, originario de La Palma Ures, Sonora (lavadólar de los narcotraficantes – Marco Antonio Cota León pisó la cárcel por tráfico de drogas, antes su suegra y esposa fueron dejadas en libertad por un millón de pesos que exigió el delegado de la PGR)

Acusar al gobernador y compinches no es cosa menor. Que se proteja por oscuros abogados,  funcionarios públicos estatales y federales es cosa diaria, por ello, los candidatos no registrados por los partidos políticos se pronunciaron para acabar con los privilegios que ofenden a quien procura justicia.

México firmó, a través de los Senadores de la República, los acuerdos de la Convención Americana de Derechos Humanos, integrada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el cual está obligado a respetar cuando se violente el Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; derecho a la integridad personal, derecho a no ser sometido a tratos inhumanos o degradantes; derecho a las garantías del debido proceso; derecho a la protección de la honra y la dignidad; libertad de pensamiento y de expresión, derecho al trabajo; sueldo justo, seguridad social y beneficios de la cultura.

Los Candidatos no registrados se comprometen a cumplir, y hacer cumplir, la Convención Americana de Derechos Humanos, para acabar con los privilegios de los hampones electorales, y del crimen organizado dentro de los poderes del estado.

Responsable del boletín Héctor Martín Ojeda de la Rosa, Coordinador del Comité de apoyo Ciudadano