• Lo hace responsable «de lo que le pueda ocurrir»
• Se trata de Kerry Rogers
• Acusa al gobernador con Felipe Calderón

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de agosto.- Abogados de Kerry Rogers, el inversionista estadunidense que disputa junto a sus ex socios la propiedad del proyecto Punta Arena de La Ventana, afirman que en prisión su cliente ha sido víctima de presiones y responsabilizan al gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez,  de lo que le pueda ocurrir al mismo.

En una carta enviada al presidente Felipe Calderón; al procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, representantes legales de Rogers denuncian que a cambio de su libertad éste ha recibido supuestas propuestas para desistirse de las demandas contra sus ex socios Eckley Keach, David Chesnoff y Joseph Bravo.

Sin embargo, expresan que el inversionista preso ha rechazado las ofertas, por lo que ahora temen por su vida. “Toda vez que el señor Rogers no ha cedido ante los atropellos sufridos, lo único que le pueden quitar es la vida. Por lo que nos permitimos responsabilizar de su seguridad personal a las autoridades que lo han privado de su libertad, que lo han privado de su salud, de su honra y de su patrimonio.”

En particular, acusan al mandatario sudcaliforniano; al procurador de la entidad, Karim Francisco Martínez Lizárraga, y al juez primero de lo penal de La Paz, Roberto Ascencio.

Firmada por el abogado Pedro Villagrán —representante legal de Rogers—  y fechada en Hermosillo, Sonora, el 23 de agosto pasado, la misiva detalla que también los abogados han sido víctimas de supuestas amenazas.

“(Hay) una serie de actos intimidatorios que se han perpetrado en los últimos tres meses en contra de miembros de nuestra familia y de nosotros mismos, lo que se ha hecho valiéndose de delincuentes protegidos como ‘madrinas’ que a todas horas hacen llamadas telefónicas amenazantes; se estacionan frente a nuestros domicilios en vehículos con placas sobrepuestas y se apersonan en nuestras oficinas entregando citatorios que resultan falsos.”

En el caso de Rogers, Villagrán denuncia que ya en prisión su cliente “recibió una severa golpiza que le produjo una doble fractura del maxilar, entre otras lesiones”.

El litigante reporta en su carta a las autoridades federales que tras estas lesiones el inversionista estadunidense tuvo que ser llevado a un hospital en diversas ocasiones, con el fin de que fuera atendido.

Fabricación de pruebas

Sin embargo, relata que en una de esas salidas del penal, autoridades penitenciarias “sembraron mariguana y cocaína” en la celda de Rogers, con el supuesto fin de acusarlo de delitos contra la salud.

“El día 4 de junio, aproximadamente a las 15 horas, el señor Rogers fue sacado de su celda por personal del reclusorio, so pretexto de una revisión de su estado de salud; terminada la inspección, al regresar a su celda, se percató de la presencia de varios custodios, quienes informaron al señor Rogers que aprovechaban su ausencia para practicar una visita de rutina, pero con la novedad de que habían encontrado droga y dinero debajo del colchón de su camastro”.

Rogers fue acusado penalmente y luego absuelto por el juez primero de distrito con sede en La Paz, quien determinó
—según la misiva— “que en el caso concreto se trataba de una mera fabricación de pruebas”.

Actualmente, el inversionista estadunidense se encuentra preso en el Centro de Readaptación Social de La Paz, por el delito de administración fraudulenta, cargo por el que se le impuso una fianza de 777 millones de pesos.

FUENTE: EXCÉLSIOR