México, D.F.- Desde hace diez años, el estado de Baja California Sur padece un problema que la sociedad ha denominado como invasiones concertadas, el cual es necesario atender de manera urgente y prioritaria, denuncia en la Cámara la diputada Esthela Ponce, y pide a ese cuerpo legislativo que se analice su proposición en un Punto de Acuerdo.

Señala en la exposición de motivos que, al amparo y bajo el auspicio de las autoridades estatales, grupos de personas invaden predios federales, estatales, ejidales y privados para realizar asentamientos irregulares, que no se justifican con el argumento de falta de vivienda, sino que obedecen a una planeación delictiva que tiende a institucionalizarse, con un rastro de impunidad y corrupción que ofende a la sociedad sudcaliforniana.

Quienes inician las invasiones son grupos de gente armada, que tripulan vehículos de años recientes y que luego embaucarán a otras; éstas sí de escasos recursos, pidiéndoles dinero bajo la promesa de regularizar los predios e instalarles los servicios públicos, como sucedió hace diez años con los terrenos donde hoy se asienta la colonia “Los Cangrejos”, en Cabo San Lucas.

La mayoría de los invasores atraídos con el señuelo son inmigrantes de diversos estados de la república que, dada su vulnerabilidad y las facilidades con las que hasta hace poco se otorgaba la credencial de elector, han sido presa de engaños, hostigamiento e inducción del voto, estrategia que ha dado beneficios electorales a gobiernos que siguen propiciándola, y trasladándola ahora a la capital del estado: La Paz.

La diputada Ponce pide en su Punto de Acuerdo que se exhorte al Ejecutivo de Baja California Sur para que evite la invasión de predios, reubique a los invasores que viven en pobreza, ofreciéndoles programas de vivienda y seguridad social, y gestione que la ley se aplique a quienes alientan las invasiones, propiciando con ello una adecuada convivencia entre los ciudadanos.

A la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, la legisladora solicita la creación de una comisión especial, de carácter plural, que dé seguimiento a este problema que frena el desarrollo de la entidad y genera inseguridad social y jurídica hacia los sudcalifornianos.