El Partido Revolucionario Institucional se pronuncia porque los funcionarios públicos de primer nivel señalados por los medios nacionales como presuntos encubridores del narcotraficante detenido en La Paz, sean relevados de su cargo para facilitar una investigación imparcial. “El pueblo merece una explicación; el Ejecutivo debe fijar su posición sobre las imputaciones al secretario general de Gobierno, al procurador de Justicia y al secretario de Seguridad Pública”.

Así se expresó  el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Ricardo Barroso Agramont, quien subrayó que la administración pública de Baja California Sur no debe quedar en entredicho por el silencio del gobernador ante la presunta implicación de los funcionarios públicos responsables de la seguridad y del gobierno del interior, sobre todo si están siendo sujetos a investigación. “En mayo de 2007 acordaron un blindaje de seguridad para el estado, el cual evidentemente ha fracasado”, recalcó.

Explicó que de acuerdo con la sexta encuesta nacional sobre inseguridad pública, Baja California Sur tiene 15 mil delitos por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es de 12 mil, lo que indica que la entidad con menos habitantes presenta los más altos índices de criminalidad en el país. Y aludiendo al lema “Baja California Sur Estado Seguro”, el presidente del PRI preguntó: ¿Seguro para los ciudadanos o para los delincuentes?

Dijo que el gobernador no debe esperar a que se le involucre por omisión, porque debe proteger la investidura del Poder Ejecutivo, sin embargo, les debe una explicación a los sudcalifornianos por el subejercicio de los fondos federales para seguridad pública. Nadie puede entender -agregó- porqué en 2009 se dejaron de aplicar casi 80 millones de pesos para equipamiento, infraestructura y capacitación en las instituciones estatales y municipales de seguridad pública.

Reconociendo que para el operativo de la Armada de México y la Policía Federal Preventiva nadie en el estado fue informado, ni el gobernador ni mucho menos los miembros del gabinete de seguridad, Barroso reiteró que es inaplazable una decisión firme y congruente del Ejecutivo, ordenando de inmediato la separación de sus cargos a los funcionarios de primer nivel implicados en el caso.